El Consejo Ultramarino y la criollización del poder
- Organización Política
Tras la Restauración en Portugal (1640) se creó en Portugal el Consejo Ultramarino, con la misión de proponer al rey el nombramiento de las autoridades y oficiales para el Ultramar, concretamente gobernadores, oidores generales (jueces), capataces (administradores públicos) y proveedores. Aunque este órgano pasara a ejercer un papel relevante en el esfuerzo de organizar la Administración en Cabo Verde, su tarea se reveló extremadamente penosa, por falta de candidatos a las funciones, esencialmente por tres razones: la dureza del clima, con consecuencias sanitarias graves; la inseguridad provocada por la piratería francesa, inglesa y holandesa, en el mar y en la tierra, así como, a nivel interno, por milicias armadas, al servicio de intereses privados; y las frecuentes disputas entre las Cámaras, el Obispo y el Oidor, debido a la constante necesidad de cubrir puestos vacantes por muerte precoz o abandono de los titulares. De manera que, sobre todo en el siglo XVII, durante largos períodos aquellos puestos simplemente no eran ocupados, o se producían acumulaciones que distorsionaban, a veces gravemente, el equilibrio de la estructura administrativa.
Sin embargo, como no hay mal que por bien no venga, esa circunstancia hizo que, del tercer cuarto del siglo XVII hasta el tercer cuarto del siglo XVIII, a pesar de que los puestos de la Administración estuvieran reservados a cristianos limpios, es decir, con la exclusión de los cristianos nuevos (judíos recién convertidos) y no-blancos, esos cargos, pero sobre todo los que desempeñaban la segunda y tercera líneas de la administración pública (contador, distribuidor, inquiridor, escribano, canciller, alcaide, carcelero, etc.), pasaron a ser ocupados paulatinamente por cristianos nuevos y después por mestizos y negros, tal como dejaba entender el oidor-general Sebastião Bravo Botelho al escribir en 1724 al rey D. Juan V que “... hombres negros a los que llaman blancos por andar calzados y tener hacienda... ”, refiriéndose precisamente a la generalidad de los funcionarios públicos de la época.
Tras la Restauración en Portugal (1640) se creó en Portugal el Consejo Ultramarino, con la misión de proponer al rey el nombramiento de las autoridades y oficiales para el Ultramar, concretamente gobernadores, oidores generales (jueces), capataces (administradores públicos) y proveedores. Aunque este órgano pasara a ejercer un papel relevante en el esfuerzo de organizar la Administración en Cabo Verde, su tarea se reveló extremadamente penosa, por falta de candidatos a las funciones, esencialmente por tres razones: la dureza del clima, con consecuencias sanitarias graves; la inseguridad provocada por la piratería francesa, inglesa y holandesa, en el mar y en la tierra, así como, a nivel interno, por milicias armadas, al servicio de intereses privados; y las frecuentes disputas entre las Cámaras, el Obispo y el Oidor, debido a la constante necesidad de cubrir puestos vacantes por muerte precoz o abandono de los titulares. De manera que, sobre todo en el siglo XVII, durante largos períodos aquellos puestos simplemente no eran ocupados, o se producían acumulaciones que distorsionaban, a veces gravemente, el equilibrio de la estructura administrativa.
Sin embargo, como no hay mal que por bien no venga, esa circunstancia hizo que, del tercer cuarto del siglo XVII hasta el tercer cuarto del siglo XVIII, a pesar de que los puestos de la Administración estuvieran reservados a cristianos limpios, es decir, con la exclusión de los cristianos nuevos (judíos recién convertidos) y no-blancos, esos cargos, pero sobre todo los que desempeñaban la segunda y tercera líneas de la administración pública (contador, distribuidor, inquiridor, escribano, canciller, alcaide, carcelero, etc.), pasaron a ser ocupados paulatinamente por cristianos nuevos y después por mestizos y negros, tal como dejaba entender el oidor-general Sebastião Bravo Botelho al escribir en 1724 al rey D. Juan V que “... hombres negros a los que llaman blancos por andar calzados y tener hacienda... ”, refiriéndose precisamente a la generalidad de los funcionarios públicos de la época.
Armando Ferreira