Capitanes Donatarios y Corregidores

Los capitanes-donatarios fueron la primera forma de poder delegado por el rey a Cabo Verde. Al principio plenipotenciarios (poderes jurídicos, económicos y fiscales), el rey les pondría un contrapeso alrededor de 1520, en la figura del Corregidor, que le representaba y ejercía amplios poderes en todo el archipiélago, asumiendo a partir de 1572 el título de capitán-corregidor y desempeñando, durante períodos de 3 años, simultáneamente funciones de capitán, proveedor de la hacienda real, proveedor de los difuntos y proveedor de los huérfanos.

El Corregidor, enviado de la metrópolis, pasó a ser siempre formado en derecho, y su cargo fue consolidado en determinados momentos por incorporación de un juez de fuera, con el que el rey pretendió reforzar la competencia jurídica y la independencia de este órgano, frente a la creciente complejidad de la administración de Cabo Verde.

Mientras que en las islas de Santiago y Fogo, con mayor o menor dificultad, la organización administrativa evolucionó a un ritmo sostenido, se diría que en las demás islas existía un cierto abandono por parte del poder central, al punto de que las Donatarias, a pesar de que las donaciones fueran prescribiendo, se mantuvieron por incuria hasta el siglo XVIII, hasta pasar a la Corona, en una época en que varias de ellas se convirtieron en el objetivo de intentos de ocupación por holandeses (S. Vicente, Santo Antão, Maio), ingleses (Maio) y franceses (S. Vicente).

En 1731, el oidor José da Costa Ribeiro, cuyo cometido era visitar todas esas islas una vez en su triénio en funciones, observó precisamente que esas islas no carecían de personas capaces de ocupar los cargos, que sólo estaban ociosos debido a la resistencia de los Donatarios (que mientras tanto continuaban a su frente) a que los ocuparan los denominados “blancos de la tierra”.

A propuesta suya, la estructura administrativa de los cinco núcleos poblados de la periferia insular caboverdiana en esa época se convirtió en la siguiente: en Santo Antão, S. Nicolau y Boa Vista, capitán mayor, administrador, escribano, oficial de la Hacienda Real (feitoria), guardas de aduana; en S. Vicente, administrador (subordinado a Sto. Antão); en Santo Antão y S. Nicolau, Cámaras; en S. Nicolau y en Boa Vista, guardas del campo; en Santo Antão, un alcalde.

En cuanto a Brava, por iniciativa de Caetano de Melo Albuquerque, capitán y sargento mayor de Fogo, en 1745 la isla también fue provista de los órganos necesarios para su gobernación y ejercicio del poder, creando primero compañías de ordenanzas (una especie de ejército de elite que predominaba sobre las milicias), y organizando después la hacienda y la justicia, en lo que se sustituyó al Oidor, debido a la extrema dificultad de acceso de éste a la isla. El mismo Oidor determinó que Maio fuera provista de un juez elegido anualmente, un alcalde y un escribano, y o incluso en el caso de Boa Vista, otro administrador y un segundo escribano.

Los capitanes-donatarios fueron la primera forma de poder delegado por el rey a Cabo Verde. Al principio plenipotenciarios (poderes jurídicos, económicos y fiscales), el rey les pondría un contrapeso alrededor de 1520, en la figura del Corregidor, que le representaba y ejercía amplios poderes en todo el archipiélago, asumiendo a partir de 1572 el título de capitán-corregidor y desempeñando, durante períodos de 3 años, simultáneamente funciones de capitán, proveedor de la hacienda real, proveedor de los difuntos y proveedor de los huérfanos.

El Corregidor, enviado de la metrópolis, pasó a ser siempre formado en derecho, y su cargo fue consolidado en determinados momentos por incorporación de un juez de fuera, con el que el rey pretendió reforzar la competencia jurídica y la independencia de este órgano, frente a la creciente complejidad de la administración de Cabo Verde.

Mientras que en las islas de Santiago y Fogo, con mayor o menor dificultad, la organización administrativa evolucionó a un ritmo sostenido, se diría que en las demás islas existía un cierto abandono por parte del poder central, al punto de que las Donatarias, a pesar de que las donaciones fueran prescribiendo, se mantuvieron por incuria hasta el siglo XVIII, hasta pasar a la Corona, en una época en que varias de ellas se convirtieron en el objetivo de intentos de ocupación por holandeses (S. Vicente, Santo Antão, Maio), ingleses (Maio) y franceses (S. Vicente).

En 1731, el oidor José da Costa Ribeiro, cuyo cometido era visitar todas esas islas una vez en su triénio en funciones, observó precisamente que esas islas no carecían de personas capaces de ocupar los cargos, que sólo estaban ociosos debido a la resistencia de los Donatarios (que mientras tanto continuaban a su frente) a que los ocuparan los denominados “blancos de la tierra”.

A propuesta suya, la estructura administrativa de los cinco núcleos poblados de la periferia insular caboverdiana en esa época se convirtió en la siguiente: en Santo Antão, S. Nicolau y Boa Vista, capitán mayor, administrador, escribano, oficial de la Hacienda Real (feitoria), guardas de aduana; en S. Vicente, administrador (subordinado a Sto. Antão); en Santo Antão y S. Nicolau, Cámaras; en S. Nicolau y en Boa Vista, guardas del campo; en Santo Antão, un alcalde.

En cuanto a Brava, por iniciativa de Caetano de Melo Albuquerque, capitán y sargento mayor de Fogo, en 1745 la isla también fue provista de los órganos necesarios para su gobernación y ejercicio del poder, creando primero compañías de ordenanzas (una especie de ejército de elite que predominaba sobre las milicias), y organizando después la hacienda y la justicia, en lo que se sustituyó al Oidor, debido a la extrema dificultad de acceso de éste a la isla. El mismo Oidor determinó que Maio fuera provista de un juez elegido anualmente, un alcalde y un escribano, y o incluso en el caso de Boa Vista, otro administrador y un segundo escribano.